Dentro de los aspectos alarmantes de la reforma a la LIE encontramos, principalmente:

1. Que el despacho de energía al SEN priorice la que es producida por las centrales de la Comisión Federal de Electricidad, sin consideraciones de competencia.

2. Los derechos de generación serán ejercibles únicamente si están alineados con la planeación del SEN.

3. Entrega de Certificados de Energías Limpias independientemente de quién sea el operador y de la fecha de entrada en operación (https://rolc.mx/iniciativa-lie/ ), lo cual previamente sólo aplicaba a centrales construidas después de 2014, y

4. Afectación a derechos adquiridos y expectativas legítimas de inversión.

Este tipo de reformas injustificadas pueden traer como consecuencia perjuicios inconmensurables para el país. En el caso específico, nos enfrentaríamos a una nula modernización en la infraestructura y en el aprovechamiento del potencial energético nacional, sin dejar de mencionar la elevada deuda de las empresas energéticas del Estado.

De igual forma, nos olvidaríamos de la eficiencia energética y la sustentabilidad pues se está dejando en último lugar a las renovables y ciclos combinados operados por particulares, situación que pone en riesgo el cumplimiento de nuestro país con acuerdos internacionales, como el de París.

Además, los inversionistas que confiaron su capital con base en unas reglas que hoy se quieren destruir, optarían por llevar sus inversiones a otro lado, una pérdida que se calcula en 40,000 millones de dólares, según estimaciones de BBVA, lo cual dejaría al país con un déficit económico importante, aunado a todas las indemnizaciones que se les tendrán que pagar, ya sea por negociaciones, resoluciones judiciales o arbitrales.

Ante este tipo de actos que se consideran ilegales y violatorios de los derechos constitucionales, la iniciativa privada ha promovido una gran cantidad de juicios de amparo, con los cuales se han logrado obtener suspensiones definitivas (esto de acuerdo a la información pública del Consejo de la Judicatura Federal), situación que se traduce en que la reforma a la LIE no podrá aplicarse durante la tramitación y hasta la conclusión de estos juicios.

Hasta el momento, los juicios de amparo han resultado un mecanismo efectivo para frenar la aplicación de la LIE y, si los amparos tienen una resolución favorable, entonces la LIE reformada simplemente quedará insubsistente, situación que resulta probable debido al gran cúmulo de inconstitucionalidades que ésta presenta; sin embargo, lo más probable es que este no sea el final de la historia, ya que el actual presidente ha amagado con una reforma constitucional.

Para lograr la reforma constitucional, el jefe del Ejecutivo necesita que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos (diputados respecto de una cámara y senadores sobre la otra) presentes, acuerden las reformas o adiciones. Esto es, pasa de una mayoría absoluta (la mitad más uno) a una calificada (75%). Posteriormente, las reformas o adiciones deberán ser aprobadas por la mayoría absoluta de las legislaturas (congresos locales) de los Estados y de la Ciudad de México (esto es, la mitad más uno), de conformidad con la normativa local de cada entidad.

De la conformación actual de las Cámaras se desprende que ningún partido político posee la mayoría calificada para realizar por motu proprio la votación de una reforma constitucional, la cual, más que aparentar ser en beneficio de la sociedad, parece un capricho de imposición de ideologías. Sobre este punto, el presidente indicó que buscará al PRI o a otro partido para impulsar reformas constitucionales.

Urgimos a la sociedad a presionar a los congresistas actuales a efecto de velar por el rumbo y futuro de México, pues es una realidad que el presidente continuará con sus pretensiones de implementar su voluntad en materia de reformas constitucionales. Del mismo modo, sugerimos fuertemente que los ciudadanos y las empresas se asesoren adecuadamente para hacer valer sus derechos y medios de impugnación ante tan claras violaciones a la ley, la Constitución, sus derechos y patrimonio.

Nota del editor: Mauricio Liévana González es Socio en Ruiz, Oregón, Liévana & Courtney S.C. Es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad del Valle de México y Maestro en Derecho del Cambio Climático y Desarrollo Sustentable por la Universidad de Aberdeen en el Reino Unido. En el sector público, ha trabajado en ramas de Derecho Administrativo y Energía, y ha desempeñado cargos en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y en la Secretaría de Energía. Síguelo en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.