La Comisión Federal de Competencia Económica (“COFECE”) interpuso controversia constitucional en contra del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, publicado el pasado 9 de marzo de 2021 en el Diario Oficial de la Federación (“Decreto”).

De manera inicial, resulta relevante destacar que una controversia constitucional es el procedimiento jurisdiccional promovido ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del cual los poderes federales, estatales, municipales u órganos constitucionalmente autónomos, como es el caso de COFECE, buscan resolver conflictos competenciales o violaciones constitucionales, cometidos por uno de dichos entes en perjuicio de la esfera competencial de otro. Esto es, que afecta o invade sus facultades.

Considerando lo anterior, COFECE estimó que el Decreto contraría lo dictado en los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a su mandato constitucional para garantizar la competencia y libre concurrencia en los mercados de generación y suministro de electricidad. 

Específicamente, COFECE indica que en el mercado en comento deben existir condiciones que posibiliten el acceso abierto a cualquier generador a las redes de distribución y transmisión eléctrica; que sean criterios objetivos y de eficiencia los rectores para el despacho de energía y que tanto el operador, como el regulador, sean independientes e imparciales, cuestiones que alega se quebrantan en el Decreto pues el legislador directamente diluye injustificadamente el acceso abierto a un insumo indispensable en ese mercado, que son las redes, y permite que la Comisión Federal de Electricidad adquiera energía mediante métodos no competidos, cuando en realidad debiera ser sólo un competidor más en dicho mercado.

Todo lo anterior trae por consecuencia barreras antinaturales en el mercado, denegación de acceso a insumos indispensables y una grave violación a los principios de competencia y libre concurrencia mandatados a esa autoridad, que al final atacan directamente la oferta de electricidad y causarán daños tanto a la economía general como al consumidor.

Nuestra Firma cuenta con amplia experiencia tanto en temas del sector energético como de competencia económica, y ha logrado satisfactoriamente defender los intereses de nuestros Clientes en situaciones como la presente.

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